La Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), eligió el 12 de agosto como el Día Internacional de la Juventud. Esta fecha, tiene por objetivo visibilizar en el plano internacional, los problemas y las demandas de las juventudes, así como las acciones que se han hecho a favor de esta población; y en fechas recientes, ha servido también para subrayar el papel de estos como actores sociales estratégicos (UNESCO).

Pero, ¿qué está haciendo la ONU para situar sobre las agendas locales a las juventudes? 

Dentro de los principales objetivos de la ONU, además de salvaguardar la paz y promover el progreso económico y social, se encuentra la procuración de los derechos humanos. Para ello, ha emitido una serie de recomendaciones, ha diseñado programas y establecido retos para que sean integrados en las agendas de los Estados Miembros.

Uno de los mecanismos que ha utilizado la ONU para que estos objetivos se cumplan, ha sido fijar temas prioritarios plasmados en los Objetivos de Desarrollo Sustentable (ODS) y Desafíos Globales, para guiar y transversalizar los planes de acción de los países que integran la organización. Dentro de los desafíos hay uno en específico que habla de Juventud; implica que los jóvenes deben ser considerados en todos los objetivos y metas.

En este sentido, se convierte en una prioridad para los Estados Miembros, la elaboración de políticas y estrategias que aborden las necesidades y los problemas específicos de los jóvenes.

¿Qué está haciendo México, como Estado Miembro, para cumplir con las recomendaciones de la ONU?

México, es miembro de la Organización Internacional de la Juventud (OIJ), un organismo que está conformado por 21 países iberoamericanos y que articula la cooperación en materia de juventud. En el 2005, sus integrantes incluido México, firmaron la convención para fortalecer los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales de las personas jóvenes. La convención se ratificó en el 2016, con un protocolo adicional que nuestro país no ha firmado. Es el único instrumento internacional al que estamos adscritos, centrado en los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales de las juventudes y se vuelve fundamental en la protección, procuración y el ejercicio de los derechos de las juventudes (OIJ).

La respuesta de la sociedad civil organizada

Actualmente, el gobierno federal ha centrado gran parte de la política de juventud en el programa: Jóvenes Construyendo el Futuro. Si bien dicho programa busca resolver el problema del desempleo a partir de la generación de habilidades y capacidades para la empleabilidad desde un enfoque educacionista, no se ha logrado integrar dentro de las políticas de juventud propuestas para resolver problemas de carácter político y social (Cervantes Gómez, 2022).

A pesar de haber sido relegada de la vida política del país, la sociedad civil organizada, ha tratado de dar respuesta a las demandas específicas de las juventudes mexicanas, partiendo de diagnósticos claros, focalizados y reales, con un enfoque de inclusión social y participación como agentes centrales para el cumplimiento de los ODS.

Para la Fundación de Apoyo a la Juventud (FAJ), queda claro que trabajar con juventudes, requiere estrategias integrales de acción que disminuyan los efectos de las condiciones a las que se ven expuestas las personas jóvenes.

Para que las y los jóvenes tengan acceso a mejor calidad de vida y se involucren de manera activa y positiva en la sociedad, es necesario tratarlas con una perspectiva de derechos humanos. Es decir, no desde el tutelaje, ni la criminalización a sus prácticas, sino entender que son sujetos de derechos, que tienen voz y voto dentro de las comunidades a las que pertenecen.